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DANIEL STICCO

¿Cómo ha impactado el escenario económico actual a los sectores más vulnerables? ¿Cómo se ven afectados los grupos de menores ingresos, las pymes de hasta cinco empleados o los comercios ante el llamado sinceramiento de la economía? Para intentar contestar estos interrogantes y analizar si el diagnóstico que realiza la oposición es acertado, Luis Majul dialogó en La Cornisa Radio con Daniel Sticco. El periodista especialista en economía, editor de economía en Infobae y consultor de empresas expuso su mirada, ofreció información concreta al respecto y delineó pronósticos: "Evidentemente hay un impacto real que es significativo y que varía de acuerdo a las características de las empresas, y a si las mismas utilizan o no mucha energía, y por lo tanto la tarifa de la luz y otros servicios han experimentados suba significativas"

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Tanto el presidente Mauricio Macri como su antecesora, Cristina Kirchner, atraviesan un momento crucial. Lo que ocurra en los próximos 60 o 90 días terminará definiendo no sólo buena parte de sus vidas. También configurará el rumbo hacia donde se dirigirá el país en los próximos años. Digamos, para ser más precisos, que se pondrá en juego, por un lado, el "modelo económico y social" por el que apuesta Cambiemos. Y además se empezará a determinar hacia dónde se disparará elmani pulite "a la bartola" que, lejos de dar señales de agotamiento, amenaza con seguir avanzando a un ritmo de vértigo.

Se sabrá, en definitiva, si después del proceso de "sinceramiento" de le economía, bajará la inflación y se iniciará el círculo virtuoso del crecimiento, o si el malhumor social ganará la carrera contra el tiempo y pondrá a Macri en una situación parecida a la atravesó el gobierno de Fernando de la Rúa. Le atribuyen a la ex presidenta haber vaticinado: "Si Macri arregla con los fondos buitre se garantizará ocho años de gobierno". Quizá sea una lectura simplista y apresurada. El pronóstico del propio Macri no incluye, por ahora, su propia reelección. Sin embargo, el Presidente sí parece impregnado de un optimismo a prueba de balas. Dice, por ejemplo, cuando le preguntan por el futuro inmediato: "La inflación bajará a menos de dos puntos mensuales en septiembre. Las inversiones están llegando todos los días, el blanqueo será tan exitoso como la salida del cepo y el acuerdo con los holdouts. La Argentina se transformó en la niña bonita del planeta. Si el país recibiera solo el 1% del capital del mundo dispuesto a invertir, el futuro que nos espera no tendrá antecedentes en la historia reciente".

Su apuro por pasar del modo "populista con bomba de tiempo" incluido al modelo "ordenador" que le permita poner la proa "hacia el desarrollo" le impidió detenerse en el alto impacto social que produjo y sigue produciendo el "sinceramiento". Desde la imposibilidad práctica de los clubes de barrio de pagar un aumento de agua, luz y gas hasta el parate en las empresas de no más de cinco empleados y de sectores sensibles de la economía como el de la construcción y la industria automotriz. Para él, la discusión sobre la ley denominada antidespidos es un caso testigo donde se juegan cosas "más profundas" que una "derrota política" en el Congreso. El jefe del Estado cree que, en este tema, se pone de manifiesto "el modo clásico de la manipulación de la realidad" que según él practica parte del peronismo, mezclado con la discusión sobre el rumbo económico que, para él, es innegociable. "No es verdad que se están produciendo despidos masivos. No es cierto que con el proyecto los empresarios vayan a salir corriendo a tomar gente. Lo que quieren hacer es poner en tela de juicio mi autoridad política. Si la ley sale, la voy a terminar vetando", explicó. A Macri no le sorprendió que los soldados más "fieles" del Frente para la Victoria y parte del Frente Renovador se pudieran llegar a juntar para intentar torcerle el brazo. "En el fondo, lo que pretenden es que al Gobierno le vaya mal, porque sienten que es la única forma de que a ellos les puede ir un poco mejor", se le escuchó decir. De cualquier modo, Massa tiene más tiempo que Cristina o que Daniel Scioli para construir su propio futuro.

La ex presidenta debería estar afligida por la posibilidad de terminar condenada y eventualmente privada de su libertad en un plazo no demasiado lejano. Hay dos lecturas diferentes sobre la cuestión. Ambas atraviesan a distintos sectores del gobierno y de la oposición. La primera es una hipótesis clásica, basada en la historia reciente del sistema judicial. Según esta corriente, lo que estamos viviendo ahora es sólo una movida pour la galerie. Y se desinflará en el momento exacto en que "el sistema" empiece a enfrentar la posibilidad cierta de meter a Cristina presa. Ellos explican, como sostiene Elisa Carrió, que las pruebas estaban "desde hace tiempo" y que las decisiones de magistrados como Sebastián Casanello y Julián Ercolini se debían haber tomado mucho antes. Desconfían. Otros en cambio creen que se trata de una dinámica sin retorno. O, para usar una figura, de un cohete lanzado hacia la Luna que nadie podrá detener hasta que llegue a destino.

Entre el esquema de análisis de unos y otros se repiten las mismas diferencias que había entre quienes sostenían que Scioli había ganado antes de competir y quienes, con las encuestas cualitativas en la mano, afirmaban que Macri tenía una posibilidad de llegar a la presidencia. Los socios del club de los escépticos repiten: si antes transaron con los operadores judiciales de Néstor y Cristina, ¿por qué de ahora en más se van a comportar diferente? La respuesta más corta es sencilla: porque ahora cambiaron las condiciones estructurales. La respuesta más larga contiene datos que están a la vista, y otros menos evidentes. Para empezar por lo más obvio: Ricardo Jaime está preso, y el mismo Julio De Vido, hasta hace poco un "intocable", podría ser procesado en las próximas horas por la misma causa, la de la compra de vagones en mal Estado, por lo que tarde o temprano podría correr la misma suerte del ex secretario de Transporte. Para seguir, Lázaro Báez, testaferro y socio de Néstor Kirchner, también vive dentro de una cárcel, y ya no sonríe más. Los escépticos dicen que esto sucedió sólo por el impacto que tuvo en la opinión pública el video de Daniel Pérez Gadín y Martín Báez contando plata. Los analistas menos tradicionales y más informados explican que fue el fiscal Guillermo Marijuan el que facilitó las condiciones para que Leo Fariña hablara; que más allá de las chicanas, Casanello está trabajando a "derecho" y con celeridad, que la Sala II de la Cámara Federal presiona en el buen sentido para impulsar la investigación y que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se constituyó en garantía para que nada se detenga. Los incrédulos afirman que hasta que la larga mano de la Justicia llegue a la propia Cristina y se empiece a tramitar el juicio oral pasarán por lo menos nueve años. Pero quienes están al tanto de los expedientes Hotesur, Los Sauces y la ruta del dinero K creen que los tres terminarán formando parte de una megacausa que será elevada a juicio oral, a más tardar, el año que viene.

Un último dato: entre los más optimistas se encuentra el propio Macri, quien le hizo saber a Carrió, la semana pasada, que no hará nada para obstaculizar este proceso. Lo mismo les mandó decir a los que pretendieron extorsionarlo, en nombre de Lázaro, Cristóbal López y De Vido. "No voy a levantar el teléfono para impedir que nadie vaya preso", los paró en seco. Les aclaró que ni siquiera la amenaza de complicarles la vida a su padre, Franco; a su primo Angelo Calcaterra, o a su amigo Nicolás Caputo van a hacerlo cambiar de opinión.

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La que viene será, quizá, la peor semana en la vida de Cristina Fernández; su hijo, Máximo Kirchner; el diputado nacional Julio de Vido, y de Lázaro Báez, el testaferro y socio de Néstor Kirchner, detenido hace un mes.

La ex presidenta recibirá una muy mala noticia, que se le sumará a la seguidilla que incluye su procesamiento por la causa de la venta del dólar a futuro, la reciente imputación por haber recibido coimas de Lázaro Báez y la anterior imputación del fiscal Guillermo Marijuan por delitos no especificados en el expediente denominado la ruta del dinero K.

¿Cuál será esa muy mala noticia?
A Cristina Fernández se le informará la rotunda negativa al pedido de su abogado, Carlos Beraldi, de unificar la causa Hotesur con la de Los Sauces y así demorar el trámite de ambas, con la intención transformar los expedientes en un laberinto interminable.

A la causa Hotesur la tramita ahora el juez Julián Ercolini, el mismo que metió preso hace tres semanas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime.

La había impulsado su colega Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, presentada en 2014.

A Bonadio se la arrancaron de las manos justo cuando él estaba a punto de abrir las 400 cajas con documentación clave provenientes de 30 allanamientos para probar el delito de lavado de dinero a través de la simulación del alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate por parte de la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez.

A partir de ese momento Hotesur SA fue a parar al juzgado de Daniel Rafecas, quien la durmió durante casi nueve meses.

Ahora Ercolini tomó la posta y se dispuso a abrir las cajas, certificar su contenido e iniciar un peritaje integral para chequear composición de sociedades, pagos de facturas, designación de testaferros y confirmación del sistema de simulación que permitió el lavado de dinero proveniente de los sobreprecios de la obra pública y que sirvió para incrementar el patrimonio de la familia Kirchner y del propio Báez.

No parece que pueda haber marcha atrás.

Al otro expediente ‘caliente’, el de Los Sauces, lo tramita Bonadio, junto con el fiscal Carlos Rívolo. Se trata de una operatoria parecida a la de Hotesur. La única diferencia es que en este caso, tanto Báez como Cristóbal López habrían abonado los retornos a través de una nueva ‘pantalla’: el pago por alquiler de inmuebles cuyos propietarios son Cristina Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

"Si este juzgado se aviniera siquiera a analizar el pedido de Beraldi de unificar las causas, el expediente Los Sauces sufriría una demora mínima de tres meses y afectaría, además, el ritmo procesal de Hotesur. Está claro que lo que quieren es embarrar la cancha y dilatar la investigación y eso no lo vamos a permitir", me dijo una fuente muy cercana a Ercolini.

El rechazo de Ercolini al pedido de Beraldi no solo evidencia la desesperación de la expresidenta. También revela la intención de Ercolini de encarar el expediente Hotesur con celeridad y celo profesional.

La mala noticia para Lázaro, en cambio, llegará detrás de una nueva decisión del juez Sebastián Casanello.
Porque durante la semana que se inicia el magistrado lo volverá a procesar por el delito de lavado de dinero, en el hecho que tiene como eje el uso de la empresa Helvetic para blanquear u$s 33 millones en negro, cuya investigación original impulsó José María Campagnoli, a quien desplazaron por orden de Cristina y con la complicidad manifiesta de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó.

Más allá de la decisión de volver a procesar a Lázaro, a Daniel Pérez Gadín y a Jorge Chueco, entre otros, el nuevo dictamen confirmará que Casanello, con las pruebas en el expediente, no está dudando en hacer lo que se debe, por más desconfianza que exista en el Gobierno sobre su independencia, el ritmo de su trabajo y su presunta simpatía por La Cámpora y por Cristina.

La mala noticia para De Vido, en cambio, saldrá del despacho de Ercolini. El magistrado lo procesará en los próximos días por su responsabilidad en la compra de locomotoras provenientes de España y Portugal, a precio exorbitante y con funcionamiento deficiente.

Por esa misma causa Ercolini metió preso a Jaime. El testimonio del exsecretario de Transporte habría sido determinante para el inminente procesamiento del exsecretario de Planificación.

Las tres malas noticias que serán confirmadas esta semana y que involucran a Cristina, Lázaro y De Vido preanuncian, además, un nuevo escenario político y judicial que ya está siendo analizado por el mismo presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Macri no tiene dudas.

Está seguro de ser víctima de una extorsión política.

Una extorsión que consiste en la amenaza de involucrar a su primo Angelo Calcaterra y a su amigo Nicolás Caputo en el barro de la corrupción de la obra pública.

Es decir: el intento de colocar a Caputo y Calcaterra en la misma categoría de Báez.

Las señales, según fuentes que hablan por boca del Presidente, son inequívocas.

Se pueden leer en los mensajes ‘personales’ que intentaron enviarle, al mismo jefe de Estado, Báez y De Vido.
Se pueden encontrar en los escritos presentados por Báez y De Vido en distintas causas.

El rey de la obra pública se lo escribió a Casanello.

Le pidió que así como lo investiga a Austral Construcciones por denuncias de Leo Fariña, investigue a Calcaterra por pedido de él mismo, ya que, según Lázaro, fueron socios en varios proyectos. Incluidos las centrales Jorge Cepernic/ Néstor Kirchner.

Báez ya lo reclamó en dos oportunidades. Y su insistencia parece sospechosa.

La señal proveniente de De Vido se encuentra en el escrito presentado ante el juez Ercolini. Hace referencia a la UTE que integró Calcaterra y que se iba a hacer cargo de la polémica obra para la instalación del denominado Tren bala, un proyecto que murió antes de empezar.

"Quieren meter al primo de Mauricio de prepo en cualquier expediente. Quieren alimentar la sospecha de que su primo y Caputo son testaferros del Presidente. Están tan desesperados que hablan de proyectos que nunca se hicieron", interpretó un integrante de la ‘mesa judicial’ del Presidente.

Pero Macri, según sus voceros, no piensa transar.
Ni con Báez.
Ni con De Vido.
Ni con Cristina.
Ni con Cristóbal López.

Es más: todavía le sigue sorprendiendo la manera que eligieron todos ellos de discutir el futuro.
"Tienen serios problemas judiciales, y los quieren disfrazar de discusiones personales o cuestiones políticas", se le oyó decir al Jefe de Estado.

Continúa impresionado por el tono de la carta que le escribió López, el zar del juego, y a quien la AFIP y la Justicia le reclaman que devuelva los más de $ 8 mil millones de los que se apropió, a través de su empresa Oil, al dejar de pagar el impuesto a los combustibles que debía girarle de inmediato al estado.

"En la carta Cristóbal le preguntó si tenía un problema personal con él ¿entendés? Confunden el apropiarse de u$s 1200 millones con un problema personal. ¡Como si un Presidente tuviera la potestad de perdonarle semejante deuda!", me explicó uno de los asesores de Macri encargado de negociar con López, en nombre del Estado.

Lo mismo piensan de Báez.

"Lázaro le envía mensajes a Mauricio. Le pide garantías para declarar contra Cristina, De Vido y otros funcionarios. Pero buscan al interlocutor equivocado. Deberían hablar con el fiscal Marijuan, con el juez de la Causa o con los funcionarios encargados de activar el sistema de Testigos Protegidos, como hizo antes Fariña", me dijo alguien que está al tanto de tan inquietantes señales.

¿Podría el Presidente ceder a lo que entiende como una extorsión?
"No podríamos, aunque quisiéramos. No tenemos la capacidad operativa. Tampoco tenemos vocación de interferir en las decisiones de la justicia", explicaron fuentes cercanas al Presidente.

Macri se lo dejó en claro también a su primo Calcaterra, quien parece preocupado con la nueva andanada, y teme que afecte su posibilidad de vender a buen precio la constructora que en su momento le compró a Franco Macri.

Le dijo que lamentaba los injustos ataques en su contra. Pero también le explicó que no iba a mover un dedo para proteger a nadie.

"Si prometimos luchar contra la corrupción, si les dijimos que no somos lo mismo, vamos a actuar diferente. Y no como lo hicieron ellos durante los últimos 12 años", le escucharon decir a Macri, este fin de semana, mientras espera que baje la inflación, para que su futuro no dependa, exclusivamente, del humor de los fiscales y los jueces de Comodoro Py.

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No es escandaloso que la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se la pasó hablando durante ocho años hasta por los codos, no haya dicho ni una sola palabra en público sobre la ruta del dinero K, la detención de su socio comercial e inquilino Lázaro Báez, el apresamiento de su ex secretario de Transporte Ricardo Jaime o la andanada de acusaciones contra su ex superministro Julio De Vido? ¿No es vergonzoso que su única estrategia defensiva sean las chicanas jurídicas de sus abogados para apartar de la causa de Los Sauces SA al juez Claudio Bonadio?

El presidente Mauricio Macri, sin ir más lejos, tuvo que explicar su participación en los polémicos Panamá Papers. Al principio lo hizo mal y a medias. Después debió aclarar un poco más. Y en las próximas semanas deberá dar mayores precisiones. Es que tanto el fiscal Federico Delgado como el juez Sebastián Casanello hicieron lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria Norman Darío Martínez, quien pidió extender la investigación para que se determine si Macri formó parte de otras empresas offshore, con qué nivel de responsabilidad y con qué porcentaje de acciones. El jefe del Estado se podrá enojar más o menos. E incluso podrá pedir al fiscal Delgado que se maneje con un lenguaje un poco más elegante y que no insista en la hipótesis de que a Macri "se le escapó la tortuga". Lo que no podrá hacer, porque sus votantes no se lo perdonarían, es jugar al distraído. O suponer que, si no lo menciona, el controvertido asunto de los Panamá Papers dejará de existir. Porque la investigación del Consorcio de Periodistas tiene la entidad suficiente como para no ser escondida ni silenciada. Y porque el Presidente tiene la obligación de aclarar hasta el último dato que genere una duda.

Pero así como los argentinos le reclaman a Macri, con razón, que responda si cometió algún ilícito, ¿no deberían los seguidores honestos de Cristina Fernández pedirle que rinda cuentas públicamente sobre las múltiples denuncias en su contra? ¿Creen que alcanza con un acto político frente a Comodoro Py? ¿O con el último comunicado de la familia Kirchner? Estoy hablando de los militantes y adherentes anónimos. Pero también estoy hablando de la larga lista de intelectuales, artistas, economistas, periodistas, músicos, legisladores, funcionarios, ex funcionarios y otras figuras públicas que siguen apoyando al kirchnerismo. Elijamos unos cuantos nombres representativos. Demos por sentado que no figuran, entre sus prioridades de vida, alentar negociados o convalidar hechos de corrupción. Podríamos nombrar, de manera aleatoria, a José Pablo Feinmann, a Luis D'Elía, a Pablo Echarri, a Juan Manuel Abal Medina, al ex ministro Axel Kicillof, a Horacio González, a Fernando Navarro, a Ricardo Forster, a Martín Sabbatella, a Horacio Verbitsky, a Daniel Filmus o a Eduardo Aliverti. ¿En serio no tienen nada que reclamarle a su líder? ¿No los aliviaría un mínimo descargo sobre su participación en los expedientes Hotesur, Los Sauces o el de lavado que tramita el juez Sebastián Casanello?

En su momento, el ex director de la Biblioteca Nacional encuadró algunos libros de investigación periodística en una tendencia que denominó "denuncismo". Y algunos de los periodistas mencionados anteriormente se encargaron de poner en duda la integridad moral de Jorge Lanata o la salud mental de Elisa Carrió. Pero ahora que aparecen todos los días descripciones minuciosas de ilícitos verificables o que la diputada Margarita Stolbizer presenta denuncias cada vez más serias, documentadas y comprensibles, ¿no tienen nada para interpretar? ¿De verdad consideran que basta con denunciar la existencia de una gran conspiración para hacer olvidar todo lo bueno que hizo el gobierno anterior y de paso desviar la atención de la inflación, los aumentos de tarifas, los despidos y el ajuste? ¿Les alcanza con la sobreactuada respuesta de Víctor Hugo Morales, quien aseguró que pondría las manos en el fuego por la ex presidenta sin dudarlo ni siquiera un segundo?

En las últimas horas parecería haberse desinflado una operación en la que se intentó presentar, con poco éxito, a Mauricio Macri como socio indirecto de Lázaro Báez a través de su primo Ángelo Calcaterra. Los mismos militantes del kirchnerismo que se vuelven ciegos y sordos frente a las denuncias y los hechos comprobados que involucran, por ejemplo, al coimero Ricardo Jaime trataron de instalar la idea de que Calcaterra es tanto o más corrupto que el presunto testaferro de Néstor y Cristina. Supongamos, por un momento, que se confirme la sospecha. Que aparezcan las evidencias que prueben que Calcaterra está a punto de vender su constructora como una acción preventiva para evitar problemas con la Justicia. Demos por cierto que Casanello hace lugar al pedido del detenido Báez, investiga su sociedad con Calcaterra y descubre que el primo de Macri es tan corrupto como el rey de la obra pública. Que ganó licitaciones a dedo, con sobreprecios y sin el debido control. Que lavó dinero y que repartió coimas entre los funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál sería el problema? Sería muy saludable para el país que sufriera la condena correspondiente, por más daño político que le generara al jefe del Estado. Y siempre habrá periodistas y medios críticos dispuestos a publicar los hechos tal como sucedieron.

Sin embargo, la mera agitación de los Panamá Papers, los despidos, las decisiones de política económica que afectan a los que menos tienen nunca será suficiente para que los ex funcionarios implicados en causas de corrupción sean relevados de responder ante la Justicia. Y menos cuando se trata de alguien tan relevante como una ex presidenta de la Nación. Por eso urge que Cristina rompa el silencio y comience a responder preguntas sencillas. Por ejemplo: ¿de dónde sacaron dinero para comprar tantos hoteles, terrenos e inmuebles? ¿Por qué siempre les entregaron la explotación de sus hoteles a empresarios vinculados a los contratos de obra pública a los que ellos mismos beneficiaron con sobreprecios, la vista gorda en materia de control, privilegios en el pago de impuestos y otras irregularidades? ¿Por qué sólo alquilaron sus propiedades a empresarios con los que el Estado hacía negocios, como Lázaro Báez y Cristóbal López?

Si Cristina pudiera responder de manera sencilla y clara, todos los argentinos dormiríamos un poco más tranquilos.

Publicado en La Nación

 

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El Presidente Mauricio Macri está convencido de que en julio o agosto la inflación bajará a menos de dos puntos y que a partir de fin de año la Argentina empezará a crecer, aunque a tasas moderadas. ¿Es un nuevo acto de fe o sus predicciones tienen algún rigor científico? Ya, antes de asumir, había anticipado que el solo cambio de gobierno haría que el mundo volviera a creer en Argentina y provocar una explosión de inversiones.

Pero nada de eso sucedió. Al contrario: lo que pasó es que la economía se vio afectada por el ajuste, los tarifazos, la inflación y los despidos en el sector público. Muy pocos economistas y políticos de la oposición, en privado, son capaces de negar que los aumentos de tarifas como las de la luz, el gas y el agua fueron imprescindibles para ordenar la economía. El problema es que el conjunto de la política económica está generando más preocupación que esperanza, y el timing para decidir y comunicar, por ejemplo, la última suba del 10% en el precio de la nafta, contaminó el clima de amesetamiento de precios que empezaba a hacerse notar. "Las primeras inversiones desde el exterior comenzarán a tener impacto en la economía real recién a partir del año que viene", me dijo un banquero que prepara el papeleo de algunos fondos de inversión. Afirmó que es el tiempo mínimo que necesitan quienes deciden en el mundo para convencerse que la Argentina dejó de estar más cerca de Venezuela que de los ‘países normales’. El otro gran problema que tiene el país son los formadores de precios. "¿Por qué no abrimos las importaciones? ¿Por qué no los empezamos a multar, así comprenden que esto va en serio?" preguntó Macri a su gabinete económico, en febrero, después de la segunda o tercera aceleración de precios de los alimentos y los insumos básicos. "Porque nosotros no somos así", le respondió el jefe de gabinete, Marcos Peña. Le faltó agregar la palabra ‘intervencionistas’. De cualquier manera, la primera decepción de Macri con los hombres de negocios sirvió para activar la creación de una nueva área de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo principal es evitar la cartelización. El problema, otra vez, es que la flamante Defensa de la Competencia se mueve más lento que la realidad. "Mientras nosotros nos organizamos, ellos siguen remarcando los precios en las góndolas", explicó la diputada nacional Elisa Carrió, quien prepara una batería de denuncias para demostrar que los hipermercados se cartelizan y alimentan la inflación por encima de los incrementos de las tarifas y el ‘sinceramiento general’ de la economía. Las últimas decisiones de los formadores de precios parecen darle la razón a la diputada. Porque desde hace diez días están empezando a vender con precios de hasta un 30 o un 40% menos, alimentos que se pueden echar a perder, como los fideos de paquete. "Estaban sobregirados, y se encontraron con que la gente dijo: ‘basta. No compro más’.

Entonces tuvieron que bajar los precios de prepo", me explicó un consultor económico. Carrió no desea transformarse en Guillermo Moreno, pero quiere hacer uso de la ley y poner en evidencia que algunos grupos económicos, al subir los precios sin justificación, están cometiendo delito. "Es mejor hacerlo ahora, mientras el gobierno conserve un alto índice de apoyo y confianza, que cuando la inflación se vuelva incontrolable, porque eso le pasó a (Raúl) Alfonsín, y después la Argentina tuvo que soportar una década de menemismo explícito", me dijo un dirigente radical que forma parte de Cambiemos y que es escuchado por el Presidente cada vez con más atención. Carrió parte de la idea básica de que a los hombres de negocios les importa un pito el futuro del país, y que no hay que esperar de ellos gestos altruistas o de apoyo, porque no forma parte de su naturaleza.

"Lo peor y lo más duro ya pasó", insiste el ministro Francisco ‘Pancho’ Cabrera, a quienes sus compañeros de gabinete critican por su presunta ‘incapacidad" para contener a los empresarios que deciden. Ahora el Presidente le encomendó que les arranque el compromiso formal de que no van a despedir a nadie durante los próximos 180 días, pero los representantes de las distintas cámaras le mandaron a decir que no pueden asumir semejante promesa frente a todas y cada una de las empresas del país. Otro inconveniente adicional que desvela a Macri son los ‘acuerdos políticos’ que reclaman los gobernadores y que todavía el ministro Rogelio Frigerio no terminó de honrar. Los mandatarios necesitan plata fresca. Y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no la termina de autorizar, con el argumento de que el Presidente les exigió una fuerte baja del déficit de acá hasta junio o julio. Frigerio, pero también el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, insisten en que precisan girar los fondos ya, antes de que la cámara de Diputados termine aprobando la ley antidespidos y deje al descubierto la debilidad política estructural que tiene Cambiemos en el Parlamento.

El plan de obras públicas de $ 220 mil millones para salir de la recesión y que invita a las provincias y los municipios a diseñar y manejar sus propios proyectos, con la aprobación final del gobierno nacional, apunta a ‘matar varios pájaros de un tiro’. Primero, tiene como objetivo mejorar la infraestructura del país, sin privilegiar a ninguna provincia en particular, como lo hicieron Néstor Kirchner y Cristina con Santa Cruz y otros distritos amigos. Segundo, apunta a comprometer a gobernadores e intendentes, para que no saquen los pies del plato en el Parlamento y no traten de imponer proyectos que ponga en juego ‘el rumbo económico’ que proyecta el gobierno. Y tercero, pretende generar un sistema de licitaciones transparentes y verificables, donde ganen las mejores empresas o no las compañías de los amigos. "Ya no habrá más lugar para los Lázaro Báez ni los Cristóbal López", se lo oyó decir al Presidente la semana pasada. Al mismo tiempo reveló que su primo, Angelo Calcaterra, ya habría encontrado comprador para su empresa constructura, IECSA, y que su amigo Nicolás Caputo está a punto de salir de la sociedad que ganó las últimas licitaciones para refaccionar y acondicionar los establecimientos educativos de la Ciudad. Al jefe de Estado le parece injusto que sus parientes y sus amigos tengan que desprenderse de sus negocios para no alimentar el estado de sospecha que generaron los ‘empresarios’ de Néstor y Cristina.

Sin embargo, no le quedará más remedio que aceptarlo, si pretende mantener en alto las banderas de la transparencia y la honestidad. En las últimas horas, también se lo oyó quejarse por la decisión del fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello de hacer lugar a la ampliación de denuncia del diputado del Frente para la Victoria, Darío Norman Martínez, quien pretende que Macri diga de cuántas offshore formó parte, más allá de las que se le detectaron en los denominados Panamá Papers. "Yo no tengo ningún problema en dar explicaciones a la justicia todas las veces que sea necesario. Pero espero que la vara sea igual de alta para todos. Y también espero que los fiscales y los jueces hablen más por sus fallos que para salir en la tapa de los diarios" protestó. No le gustó, en especial, que Delgado, un fiscal no tradicional, haya puesto en su boca que debe investigar si Macri quiso ocultar información o si, en todo caso "se le escapó la tortuga". "No es la manera en la que un fiscal de Estado debería referirse a un presidente, no importa el signo político al que pertenezca", precisó.

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Para el presidente Mauricio Macri, no hay valor más preciado que el tiempo. Como buen ingeniero, suele comparar, por ejemplo, el largo de una vida con los 400 kilómetros que separan el Obelisco de Mar del Plata. Para que se entienda: Dolores equivaldría a la mitad de la existencia. Cuarenta, 45 o 50 años de acuerdo con cómo se la haya fatigado. Desde el mismo ángulo, lo valioso que es el tiempo, considera que la pastilla que prolonga el deseo sexual es uno de los más geniales inventos de los últimos años. Por lo demás, también le gusta pensar cuánto le queda de vida productiva. De hecho, el fideicomiso ciego lo hizo impulsado por un razonamiento vinculado al tiempo y si situación particular. "Nací rico. Lo que ya tengo no me lo voy a poder gastar en esta vida, a menos que me vuelva loco y empiece a despilfarrar. Ahora mi motor es otro. Quiero hacer de la Argentina un país normal". Ahora mismo, su obsesión es el tiempo que falta para que la inflación baje a menos de dos puntos mensuales. O dentro de cuántos meses la Argentina va a empezar a crecer, aunque sea a tasas modestas.

También juega a calcular con qué intención de voto llegará su gestión para las legislativas del año que viene. Todo para él es cuestión de tiempo. Por ejemplo, antes del triunfo de Cambiemos en segunda vuelta, ya descontaba, junto a Marcos Peña, que la no presión oficial contra fiscales, jueces y camaristas desataría, sin ninguna necesidad de que el Gobierno lo alentara, un destape de los expedientes de corrupción. Y también vaticinaban que el cambio de gobierno, la salida del cepo y la baja de las retenciones iban a alcanzar para dar inicio a un círculo virtuoso de la economía que antes de mitad de año sería evidente.

Pero como la política nacional no es una ciencia exacta e incluye otros componentes como el humor social, la voluntad de los hombres, la picardía de los formadores de precios, el oportunismo de los sindicalistas y la hipocresía del peronismo, ahora el jefe del Estado debió ir postergando sus pronósticos originales. Por eso está recalculando y todos los días les pregunta a sus principales ministros cuándo van a empezar a bajar los precios, cuánto tiempo falta para empezar a crecer, cuándo se va a terminar de aprobar en el Congreso la baja del IVA para jubilados y los beneficiarios de planes sociales. También los instruye para que todas las áreas revisen los presupuestos, los ejecuten en tiempo y forma y privilegien las partidas que favorezcan de manera más directa a los que menos tienen.

Hace pocos días pidió y recibió un informe de todas las noticias positivas que había generado su administración. Incluidos la productiva visita de Barack Obama y el acuerdo con los holdouts. Lo sorprendieron la cantidad y la importancia. Preguntó por qué su efecto duraba tan poco en la opinión pública. Le explicaron que en la Argentina 2016 todos los días suceden cosas más rimbombantes, como que una ex presidenta amenace a los jueces y monte un acto político frente a los tribunales o aparezca un video de presuntos testaferros de la ex presidenta contando billetes en una cueva financiera o se muestren en la tele las espectaculares mansiones y flotas de autos de Lázaro Báez.

"El círculo rojo me está diciendo que tenemos problemas de comunicación. ¿No podemos publicar una solicitada con todas las cosas buenas que hicimos en los primeros 150 días?", preguntó a su equipo. Le respondieron con los números de las encuestas en la mano. Le explicaron que, contra la percepción de la mayoría de los medios, su imagen apenas descendió entre 3 y 5 puntos en los últimos meses. Que el 50% de la gente sigue siendo optimista con respecto al futuro. Que existe una gran preocupación por la suba de precios de los alimentos, pero que, en simultáneo, cada día crece más la indignación por los millones mal habidos de la corrupción K y un poco menos por los Panamá Papers. Dicen que Macri diagnosticó: "A veces el círculo rojo se equivoca. Pero otras anticipa las olas de mal humor que se avecinan". Por eso ahora pidió que cada mala noticia, como el aumento de la nafta, sea continuada por otra como la ampliación del presupuesto de las universidades públicas en 500 millones de pesos.

El Presidente se pregunta por las consecuencias del mani pulite a la bartola que empezó hace poco más de un mes. Sabe que mientras dure, parte de la bronca colectiva se canalizará bajo la consigna de que vayan todos presos y que devuelvan lo que se robaron. Sabe que esta movida anticorrupción ayudará a demorar el ingreso masivo de los indignados por los despidos y la inflación. Pero algunos miembros de su mesa judicial se preguntan si será bueno para el Gobierno y para el país que Cristina Fernández vaya presa. El les dice que no moverá un dedo para que eso suceda, pero que tampoco hará nada para evitarlo. Primero porque prometió en la campaña que no se iba a inmiscuir en el trabajo de los jueces. Y segundo, porque sabe que cualquier señal que se interprete como un gesto de protección, para cualquier acusado por un hecho de corrupción, sería el principio del fin de su carrera política.

Sí les pidió a los responsables de Defensa de la Competencia que empiecen a sancionar y multar a los formadores de precios que remarcan sin justificación. También le mandó a decir a Cristóbal López, en respuesta a una carta personal que le envió, que no se va a interponer con las acciones que tomaron las autoridades de la AFIP. Y le hizo saber que el único deseo del Gobierno es que paguen la enorme cantidad de dinero que le deben al Estado. Fuentes seguras me informaron que la mano derecha de López, Fabián de Souza, envió un interlocutor con acceso a Macri un mensaje inquietante: "Díganle al Presidente que los medios del Grupo Indalo no se venden. Ni a (Daniel) Hadad ni a nadie. Que a partir de este momento serán considerados activos estratégicos. Y que si quieren guerra, la van a tener". El jefe del Estado se dio por enterado la semana pasada. Y le comentó a la persona con la que conversó antes de la cena: "¿Te imaginás lo que puede pasar si le pido a Alberto Abad que le perdone la deuda de 1200 millones de dólares a Oil Combustibles? Primero renuncia en el acto. Y a los dos minutos llama a conferencia de prensa para explicar por qué se fue. Y detrás de él tendría que renunciar yo, porque sería una verdadera locura".

Cristóbal López tiene con el tiempo un problema mayor que el que están sufriendo Macri y su gobierno. No parece haberse enterado de que el Frente para la Victoria perdió, que Néstor Kirchner murió hace más de cinco años, que Cristina ya no es más la presidenta y que tiene problemas tanto o más graves que él.

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Durante cuánto tiempo la ex Presidenta podrá seguir haciéndose la distraída, simulando que las chacras, las mansiones, las flotas de automóviles y las bóvedas para guardar dinero no existen? ¿Cuánto tiempo más continuará interpretando la ficción de que ella no tiene ni un poco que ver con el video de Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros, contando billetes en la Rosadita? ¿Hasta cuándo logrará convencer a quienes la apoyan que todo es un montaje de los medios concentrados y hegemónicos para tapar graves problemas como la inflación, los despidos y las denuncias de los Panamá Papers por la que tienen que responder el presidente Mauricio Macri y algunos de sus colaboradores?

Como proyecto político superador, resulta poco aparecer en medio del escándalo elogiando la protesta de las cinco centrales sindicales del viernes pasado, en la conmemoración por el Día del trabajador.

Y como estrategia de supervivencia, enviar emisarios a Lázaro Báez para evitar que se arrepienta e ingrese al Régimen especial de Testigos Protegidos parece una reacción tardía y desesperada.

Lázaro era muy leal a Néstor Kirchner. La estatua y el cuadro gigante que encontraron en su chacra de Río Gallegos demuestran hasta donde llegaba su gratitud. Sin embargo, nunca fue amigo de Cristina Fernández. Al contrario. Siempre se sintió humillado y ninguneado por ella. Tres decisiones de la entonces jefa de Estado luego del fallecimiento de su marido terminaron de distanciarlos todavía más. Una fue la determinación de disminuir el ritmo de la entrega de contratos de obra pública y demorar el pago de los anticipos.

Otra fue bajarle el pulgar como parte del consorcio que pretendía levantar las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic para dárselo a otro integrado por Electroingeniería. Y la tercera fue el pedido de que le devuelva el dinero que, según Lázaro, solo debía compartir con Néstor. Por eso ahora, para el zar de la obra pública, Cristina Fernández no está primera en su lista de prioridades. A la cabeza se encuentran sus hijos y el resto de la familia. En segundo lugar se ubica él mismo. Y enseguida el pequeño círculo de amigos íntimos que lo está sosteniendo para que no se quiebre enseguida y "no meta la pata" antes de empezar a hablar.

Como si esto fuera poco, Báez está desesperado.

Ya se enteró que enviados de Cristina, además de hacerle llegar mensajes tranquilizadores, al mismo tiempo están negociando con Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco, para que asuman primero el rol de arrepentidos, lo acusen formalmente, dejen a la ex presidenta libre de culpa y cargo, y lo terminen de hundir.

"Si Néstor viviera, a mí ni siquiera me habrían acusado. Pero Cristina no dudaría en soltarme la mano a mí y a mi familia con tal de salvarse ella", me dijo un ‘íntimo amigo’ y empleado de Báez que le dijo el propio Lázaro. El mismo hombre que intenta contactar a alguien del gobierno ("si es posible, llegar al número uno") para obtener garantías explícitas de que si Lázaro se arrepiente, él y su familia van a poder vivir, tranquilos, dentro o fuera del país, y empezar una nueva vida, como Ray Liotta, uno de los protagonistas de la película ‘Buenos Muchachos’.

Los asesores judiciales de Macri se niegan a establecer ningún contacto "sea formal o informal" con el detenido en el establecimiento penitenciario de Ezeiza.

Por un lado, consideran que si Lázaro, de verdad, tiene la intención de arrepentirse e ingresar el Régimen de Testigos Protegidos, tiene que ‘negociar’ con el fiscal Guillermo Marijuán, por un lado, y con el Ministerio de Justicia, por el otro, tal como sucedió con el caso de Leo Fariña.

Por otro lado, algunos de los asesores del Presidente consideran "poco conveniente" el hecho de que Cristina Fernández pueda ir presa. "Generaría algún tipo cimbronazo institucional" le llegaron a sugerir al Jefe de Estado, cuando se planteó la hipótesis.

Macri trata de procesar toda la información disponible.

El no ignora que esta suerte de ‘mani pulite’ descontrolada ayuda a consolidar la imagen de que preside un gobierno que no aprieta a jueces ni a fiscales y los deja hacer su trabajo hasta el final. También sabe que, al mismo tiempo, contribuye a correr de la agenda otros problemas tan graves y urgentes como el de la corrupción. Pero este fin de semana se la pasó interpretando qué significó, exactamente, la enorme cantidad de trabajadores que acompañaron el acto de las 5 centrales sindicales ‘unidas’.

Es consciente de que una buena parte de los argentinos, aún de aquellos que lo votaron, tiene la idea de que su administración es poco sensible a los problemas de la gente con trabajo precario, o sin trabajo, y los estragos que hace en el salario el aumento del costo de vida.

"Si mis ministros no me mienten, la inflación de julio va a estar por debajo del 2 por ciento y a partir de ese momento empezaremos a crecer, de manera lenta pero continúa. Entonces, hacia fin de año, estaremos bien. Mucho mejor que a principios de año", le dijo el jueves pasado a un visitante de la quinta de Olivos.

El Presidente, en realidad, no pondría las manos en el fuego por ningún juez federal de Comodor Py. Sin embargo tanto él como uno de sus principales consejeros, el jefe de gabinete, Marcos Peña, comprenden que el proceso que se disparó a principios de marzo con la directiva del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, de acelerar las causas de corrupción es imparable. E incluso calculan que no lo podrían detener aunque lo desearan. Peña me lo había adelantado antes del cierre de la campaña de la segunda vuelta, cuando le pregunté si iban a alentar las investigaciones de los expedientes más calientes.

Me explicó, con mucha prudencia, palabra más, palabra menos, que no iba a ser necesario que el Poder Ejecutivo se involucrara, porque el nivel de humillación y maltrato que había recibido una buena parte del Poder Judicial por parte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, haría que sus integrantes se pusieran a trabajar de inmediato. Le pregunté si esa reacción debía interpretarse como una suerte de venganza. Y respondió que ponerse a trabajar, para él, significaba hacer lo que no pudieron antes por miedo, conveniencia o algún otro interés en particular. Y que el verdadero cambio se concretaría si logran mantener esa conducta en el tiempo.
Para desgracia de Cristina, Milagro Sala y decenas de ex ministros y altos funcionarios, los hombres de la Justicia dejaron de sentir miedo y empezaron a encontrar evidencias de delitos y testigos donde antes parecía no haber nada.

Parece la consecuencia lógica de un nuevo tiempo político.

Ni más ni menos.

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El juez Sebastián Casanello no es un héroe, pero de ahí a dar por sentado que tiene un plan secreto para detener la investigación de la ruta del dinero K antes de que la ex presidenta Cristina Fernández pueda ser condenada hay un mundo de diferencia. Se le podría achacar cierta demora en el avance de la causa. En especial hasta que apareció el video con Martín Báez y Daniel Pérez Gadín, entre otros, contando billetes en La Rosadita. Sin embargo, también es justo reconocer que, desde hace poco menos de un mes, ha habido resultados alentadores. Lázaro Báez está procesado y detenido, igual que sus principales cómplices, el contador Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco. El juez está cumpliendo la recomendación de los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Fara, quienes le pidieron que intente recuperar todos los activos y todo el dinero en efectivo que encuentre. El fiscal Guillermo Marijuan viajó a Río Gallegos junto con 200 efectivos para embargar y poner a la venta, cuanto antes, una inmensa flota de autos de alta gama, estancias, edificios, departamentos, terrenos, artículos suntuarios y cualquier cosa que pueda ser transformada en dinero. Todo esto, en principio, parece una respuesta correcta a la demanda sintetizada en la consigna "que vayan presos y devuelvan la plata".

¿Habría que condecorar al fiscal y al juez? No. Pero es una ingenuidad suponer que para desenterrar el dinero que Báez pudo haber guardado en estancias y bóvedas basta con que Leonardo Fariña haga un dibujito y se lo entregue al juzgado en sobre cerrado. El ex valijero hizo eso el miércoles de la semana pasada. Casanello y Marijuan protegieron la información bajo siete llaves, pero no lograron evitar la filtración, y varios periodistas tuvieron esos datos. Entonces, la idea de que se estaba investigando con parsimonia volvió a florecer. Sin embargo, los supuestos "espectaculares" datos que había aportado Fariña ya estaban en el expediente y en algunas redacciones desde 2010, cuando se filtró la existencia de bóvedas en las estancias La Julia y Cruz Aike. Por lo tanto, ¿alguien mínimamente informado podía creer, de verdad, que Báez pudo haber esperado desde 2010 hasta que lo metieran preso, seis años después, para sacar las cajas y los fajos con billetes de la ubicación que suministró el arrepentido del rodete?

El otro gran argumento que agitan los que critican con liviandad el trámite judicial es que Martín Báez debería estar preso, al igual que su padre. Analicemos el punto con detenimiento y con el expediente en la mano. Para el juez, pero también para el fiscal, Lázaro es el vértice de una banda armada para delinquir; Pérez Gadín es su pata contable, y Chueco, su cómplice jurídico. ¿Y qué responsabilidad concreta le adjudican a Martín Báez? Casanello entiende que es mucho menor que la de su padre porque Lázaro, por ejemplo, tiene el 95% de las acciones de Austral Construcciones. Y su hijo, en cambio, sólo el restante 5%. Además, tanto el juez como el fiscal ubican a Martín como una especie de "custodio familiar" ocupado en controlar que Fariña no lo mejicaneara durante el traslado de euros a las financieras. Marijuan entiende que el heredero del rey de la obra pública no le llegaría ni a los talones a su padre en términos de "inteligencia para hacer el mal". Tampoco a Pérez Gadín, Cuello, Fariña o Federico Elaskar. Por esa razón, tanto Casanello como Marijuan reaccionaron con cierta indignación cuando un par de colegas les sugirieron que metieran preso a Martín Báez como una manera poco ortodoxa de lograr que Lázaro "cante". "Eso sería el equivalente a una tortura", le respondió Marijuan a un camarista que recordó que ya estaba vigente la ley del arrepentido. Casanello le contestó exactamente lo mismo a un periodista que "lo corrió" con la hipótesis de que si no arrestaba a Báez hijo, "la gente va a pensar que usted está protegiendo a Cristina".

Y a propósito: ¿se podría asegurar que el magistrado hará todo lo posible para no involucrar a la ex jefa del Estado? Marijuan la imputó, pero en el requerimiento de instrucción no definió las razones por las que lo hizo. Se puede conjeturar que la imputación se explica porque Fariña la nombró en su declaración indagatoria. También se puede entender que la puso en un lugar incómodo cuando interpretó que Ella lo mandó a llamar de urgencia a Lázaro Báez a Olivos porque tenía la sospecha de que le estaba robando dinero que era de la familia. Pero además se puede interpretar, si se lee con paciencia la misma declaración, que en un momento Fariña "la despega" de toda la operatoria del lavado. "Casanello no cerró ninguna puerta, pero se va a terminar de convencer de que Cristina sabía que su marido hacía negocios sucios cuando aparezca una prueba nueva", me explicó alguien que conoce el expediente casi tanto como el juez.

La posibilidad de que Báez declare bajo las mismas condiciones a las que accedió Fariña es algo que parece cada vez menos improbable. Emisarios del fiscal Marijuan ya le mandaron un mensaje para convencerlo de que es lo mejor que podría hacer para mejorar su situación procesal. Algo parecido le hicieron saber a Chueco. Y ambos están analizando junto con sus abogados si de verdad es la única carta que les queda. Tienen tiempo para arrepentirse hasta antes del inicio del juicio oral, pero corren el riesgo de llegar demasiado tarde, si uno de los dos accede primero. Y también llegarían tarde si aparecieran nuevas pruebas que hicieran innecesarios su comparecencia y su posterior ingreso al régimen especial de testigos protegidos. Báez solicitó la opinión de otros estudios de abogados, por fuera del letrado que lo está asistiendo. Casi todos le dijeron lo mismo: las posibilidades de que salga de la cárcel inmediatamente son prácticamente nulas; si tiene algo para decir, tiene que hacerlo más rápido que tarde.

Marijuan no descarta de ninguna manera la posible colaboración de Báez. Él sabe que el ex gerente del Banco de Santa Cruz era muy amigo de Néstor, pero que a Cristina no lo unía casi nada. Tiene presente que Lázaro todavía guarda cierto resentimiento porque Ella le quitó participación en la obra pública y le bajó el pulgar para participar del proyecto de las represas Kirchner y Cepernic. Además sabe que Cristina lo trató, casi siempre, con cierto desdén y cierto desprecio. Entonces supone el fiscal que Lázaro hablará cuando sienta que no le queda más remedio. Son las últimas noticias "picantes" sobre la vertiginosa causa denominada la ruta del dinero K.

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Un dramático giro podría dar la causa de la ruta del dinero K si el principal acusado, Lázaro Báez, acepta la sugerencia de sus abogados, se acoge a la ley del arrepentido, se incorpora al régimen especial de Testigo Protegido y decide involucrar a la expresidenta Cristina Fernández y a Máximo Kirchner en el sistema de corrupción y lavado de dinero del que él mismo es una pieza clave.

La interpretación no es un capricho mío. Me lo transmitieron fuentes muy seguras que trabajan en la investigación judicial. La propuesta ya se la hicieron llegar a Lázaro Báez de manera informal, pero concreta. Ahora el presunto testaferro de la familia Kirchner la está analizando junto a sus abogados.

Detrás del "aprovechamiento" que hizo Leo Fariña de la ley del arrepentido hay una historia para contar.
Todo comenzó cuando su abogada, Giselle Robles, se comunicó con el fiscal de la causa, Guillermo Marijuan y le pidió ayuda. Al exvalijero, preso en Ezeiza por el delito de evasión fiscal agravada, le habían rechazado su pedido de excarcelación y estaba desesperado. No quería permanecer detenido ni un minuto más.

–¿Qué me puede ofrecer?– preguntó Robles a Marijuan.
–¿Yo? Nada– le respondió.
Y enseguida le aclaró:

–Lo que yo puedo hacer es usar mis buenos oficios para hablar con las autoridades del Tribunal Oral de la Plata (TOF1) y sugerirles, en el caso de que la declaración de su cliente sea relevante y esté sustentada con pruebas, que lo saquen de la cárcel y lo pongan en el régimen especial de testigos protegidos, con el argumento de que su vida va a correr peligro.

–¿Es todo lo que nos pueden ofrecer?– reclamó la abogada.

–Solo eso. Y no puedo dar garantías de que acepten mi sugerencia.
A las 48 horas la abogada llamó a Marijuan y le dijo:

–Vamos a aceptar su propuesta, porque no tenemos nada mejor.
Y Marijuan le respondió:

–Pero yo solo me comprometo a hacer las gestiones si Fariña declara la verdad, y aporta evidencias. Porque ya declaró tres veces y dio tres versiones distintas.

–Yo le garantizo que Leo va a incriminar a gente que está por encima de él si usted me garantiza la gestión– prometió la abogada Robles.

–Hecho. Pero quiero aclararle una cosa más. Yo, como fiscal, no puedo ofrecerle nada. Pero él, como imputado, sí puede solicitar, antes de hacer su declaración, que se le permita ingresar al sistema del arrepentido. Y también puede pedir que se lo incorpore al régimen especial de Testigos Protegidos.

Por eso Fariña, antes de empezar a declarar, pidió hacerlo bajo las normas de la ley del arrepentido. Y después de tres horas, Marijuan interrumpió la indagatoria para hacer un llamado urgente. De inmediato, él y el juez Casanello se comunicaron con las autoridades del Régimen especial de protección de testigos. Les preguntaron si, debido a la importancia de sus denuncias y a que la vida del denunciante podía correr peligro, se podrían hacer cargo de Fariña.

Le respondieron que sí.

Entonces Marijuan ingresó al despacho del juez y anunció:

–Por la gravedad de sus denuncias y acusaciones el imputado corre riesgo de vida. Y es este acto solicito al juez que se lo incluya en el programa especial de Testigos Protegidos.

Fariña, que ya se había fumado dos atados de cigarrillos, se puso a llorar y tardó varios minutos en reponerse.
Fue porque comprendió que, en cuestión de horas, recuperaría su libertad.

La segunda parte de su indagatoria, ya aliviado, fue mucho más jugosa y concreta.

El primer dato que hay que tener en cuenta es que Fariña antes de declarar, estaba preso, y que su vida corría peligro.

Y ahora, bajo condiciones especiales, está en libertad. Y puede hacer casi todo lo que se le venga en gana. Como cualquiera de nosotros.

El segundo dato: si Lázaro Báez decide aceptar la sugerencia que le hicieron llegar desde el juzgado donde se tramita su causa, es posible que termine en la misma condición que Fariña, con todo lo que esto significa.
Si los abogados de Lázaro son inteligentes y no le mienten, deberían hacerle saber el exacto lugar donde está parado.

Deberían decirle que por el delito de lavado agravado, las evidencias que existen y el impacto político y social que tiene este juicio, lo mínimo que podría permanecer encerrado es ocho años, incluido el tiempo que demore el juicio oral.

Lo subrayo: ocho años.

Casi una vida entera, si se lo compara a cómo vivió hasta el día de hoy.

Tendríamos ahora que pensar y, aunque es difícil, ponernos por unos segundos en el lugar de Báez. Porque es así como piensan los fiscales y los jueces que necesitan información e imputados que se arrepientan.
Báez va a perder una buena parte de su fortuna.

Decenas o cientos de millones de dólares, para el caso no es tan diferente.

Pero Báez, si fue mínimamente previsor, podría haber guardado "un canuto" de unos cuantos millones de dólares o euros, para usarlos, de manera directa o indirecta, mientras goce del régimen especial de testigo protegido.

Y podría ver, de vez en cuándo, a su familia. O incluso alejarse, junto a parte de su familia, a un lugar muy difícil de detectar, como en la historia de la película ‘Buenos Muchachos’.

La otra opción no presentaría muchos matices.

Sería permanecer detenido, con su familia escondida, tratando de evitar los escraches y la humillación, y con la posibilidad latente de que alguno de sus hijos, como Martín Báez, caiga preso, en las mismas pésimas condiciones que tendría que soportar él.

"Si yo fuera Lázaro Báez, le aconsejaría que se transformara en un arrepentido, que reconociera su error y que le diera la posibilidad, a su familia, de ser recordado como alguien que se equivocó, pero que en la segunda parte de su vida decidió recuperar su dignidad", me dijo un hombre de la justicia que conoce la causa como la palma de su mano.

Un mensaje parecido le hicieron llegar, desde el juzgado, al abogado Jorge Chueco, otra de las figuras clave en el armado de lavado y fuga de dólares y euros al exterior en la denominada ruta del dinero k.

Chueco dijo que se quiso suicidar en dos oportunidades por la vergüenza que sentía frente a su familia y sus seis hijos. Si es verdad lo que planteó, suicidarse es la peor opción. Porque muerto, será recordado como uno de los grandes cómplices del lavado de dinero de la corrupción. Pero si declara lo que sabe, le regalará a sus hijos el argumento de que su padre prefirió dejarlos a salvo de la vergüenza, y colaboró con la justicia para llegar a la verdad.

A esta altura del razonamiento es oportuno preguntarse si una eventual declaración de Lázaro Báez podría complicar la situación procesal de Cristina Fernández y de Máximo Kirchner.

La respuesta es: obvio.
La podría complicar, y mucho.

Porque Lázaro, para involucrarlos, no necesitaría incluirla en los vericuetos de la operatoria del lavado de dinero, sino como beneficiarios del sistema de cinco pasos que detalló Fariña: cartelización de la obra pública, sobreprecios, sobrecostos para blanquear dinero negro u facturación apócrifa, cohecho y lavado propiamente dicho.

Además, hay que recordar que en esta causa, la expresidenta está imputada por el fiscal Marijuan y que éste, en cualquier momento, podría definir la imputación y citarla a declarar como sospechosa de encubrimiento. Es que tanto él como el juez Casanello dan por sentado que Fariña dijo la verdad cuando declaró que Cristina mandó a llamar al rey de la obra pública para preguntarle si estaba fugando al exterior plata que le pertenecía. Es decir: que la expresidenta debía haber presentado la denuncia, si tenía la sospecha de que alguien estaba consumado un delito con los fondos del Estado.

En todo caso, con todo respeto, yo le recomendaría a la exjefa de Estado que, además de hacer una defensa política, hostigando a la justicia y presentando a los Panamá Papers y la inflación como algo más grave que el megasistema de corrupción de Estado de la que aparece como responsable, se consiga los mejores abogados que pueda pagar, más técnicos y menos discursivos.

Porque su situación objetiva es más grave de lo que parece.

Para empezar, en los próximos días el juez Claudio Bonadio la va a procesar por el delito de fraude en la causa por la venta de dólar futuro.

Para seguir, el mismo juez acaba de pedir y lograr el acceso de todos los documentos y pruebas que él mismo quiso capturar en los 30 allanamientos que hizo en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires, cuando tramitaba la Causa Hotesur. Bonadio hizo el requerimiento para empezar a investigar la denuncia de Margarita Stolbizer sobre Los Sauces, la otra sociedad de Cristina y Máximo, a través de la cual cobraron dinero por ventas de inmuebles y de alquileres, que fueron pagados por Lázaro Báez y Cristóbal López, a precios exorbitantes.

Y para terminar, habría que confirmar si la denuncia que acaba de hacer la diputada por Jujuy Mabel Balconte es una fantasía o la pura verdad. Ella afirmó ante la justicia de esa provincia que Milagro Sala llevaba bolsos con dinero a Máximo Kirchner y Andrés Larroque a la quinta de Olivos. Pero no lo hizo solo en público. Primero lo dejó documentado ante la justicia federal de su provincia. Y si no está mintiendo, hay mil maneras de corroborar si los hechos que narra sucedieron de verdad.

Uno es el más sencillo de todos. Confirmando a través de las celdas de los celulares y las agendas, si Balconte estuvo donde dice que estuvo, en el medio de valijas con millones de pesos, que se repartían para pagar los retornos que el Estado le daba a Milagro Sala por obras que nunca construyó.

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Mientras las imputaciones, los procesamientos y las detenciones se suceden a un ritmo de vértigo y la bola de nieve del mani pulite made in Argentina se sigue agrandando, una nueva teoría judicial, política y conspirativa empezó a ganar terreno entre los analistas tradicionales. Les adjudican la autoría intelectual de la teoría a "fuentes muy cercanas" a Lázaro Báez. Un colega muy ocurrente le puso un título a la elucubración: "Línea de corte". Y después explicó que la línea de corte de las eventuales condenas, según los hombres de Báez, terminaría en el propio Lázaro. Para decirlo sin vueltas: de acuerdo con la especulación, la larga mano de la Justicia sólo alcanzaría al rey de la obra pública y dejaría indemne a la ex presidenta, quien, dicho sea de paso, en vez de preparar una defensa técnica, está eligiendo un contraataque político que no parece tener chances de prosperar.

La hipótesis de la "línea de corte" se basa en el presupuesto de que, a pesar de que el fiscal Guillermo Marijuan imputó a Cristina Kirchner, todavía no hay en el expediente ningún elemento que permita procesar, ni indagar, ni acusar, ni detener a la ex presidenta como parte responsable de la denominada ruta del dinero. El juez Sebastián Casanello está ahora concentrado en las acciones que le reclamaron los camaristas de la Sala II, Martín Irurzun, Horacio Catani y Eduardo Farah. La recomendación se podría sintetizar así: "Que Lázaro Báez siga preso y que devuelva la plata".

Que continúe detenido no parece tan complicado. Pero recuperar parte de los millones de euros alojados en innumerables cuentas en el exterior no es algo que podría suceder de la noche a la mañana. Fariña dio indicios sobre cómo los sacaron del país en su explosiva declaración indagatoria, cuyas consecuencias todavía no alcanzaron su pico. La parte más jugosa no es la de la teoría de los cinco pasos del plan sistemático de la megacorrupción de Estado (digitación de la obra pública y sobreprecios, adelanto del pago de la obra, facturación trucha, cohecho y lavado). Eso, de alguna forma, lo había anticipado Elisa Carrió en su denuncia por asociación ilícita en 2008. La parte de la declaración de Fariña que tiene más valor se encuentra en el tramo en que se autoincrimina. La mencioné por primera vez el domingo, pero vale la pena detallarlo una vez más, porque Fariña no sólo aportó sus dichos, sino elementos que pueden probarlos.

El ex "valijero" afirmó que él mismo, junto con Martín Báez, hijo de Lázaro, llevó un total de entre 7 y 8 millones de euros "en negro" desde la oficina de Austral Construcciones en Carabelas 241 hasta la financiera Provalor, de los hermanos Rabinovich. Que lo hicieron un par de semanas después de la muerte de Néstor Kirchner, lo que revelaría el apuro de Lázaro por sacar la plata fuera del país. Que debieron cambiar los euros por pesos y los pesos por dólares porque la financiera sólo tenía "cable" para transar en la moneda norteamericana. Que la enorme venta de euros para un mercado tan reducido "prendió varias alarmas". Que la primera sonó en la embajada de Estados Unidos. Que los diplomáticos la compartieron con espías de la ex SIDE. Que los espías le hicieron llegar la especie a la entonces presidenta. Y que Cristina convocó a Lázaro con urgencia para que desmintiera o confirmara el rumor. Debido a la movida, durante esos días los euros del mercado negro, de manera excepcional, resultaron más baratos que los del mercado oficial. De hecho, tanto LA NACION como Clarín escribieron sobre aquel "fenómeno". De cualquier manera, declaró Fariña, Lázaro le negó a "la jefa" los hechos. Pero -dijo el "valijero" en su declaración- enseguida llamó al propio Fariña, lo citó en su oficina y, a solas, le pidió que fuera más prolijo.

Los que divulgan la teoría de la "línea de corte" no parecen contar con información precisa sobre lo que está pasando de verdad dentro y fuera de Comodoro Py. Porque es probable que no existan todavía elementos suficientes para complicar a Cristina en la causa sobre la ruta del dinero. Sin embargo, el "cohete a la Luna" que se disparó cuando fiscales, secretarios y jueces del fuero federal se sintieron contenidos para investigar a fondo sin sufrir las consecuencias ya es imparable. Lo demuestra la reciente decisión del fiscal Gerardo Pollicita de pedir la indagatoria de Cristóbal López y la del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray. Porque así "revivirá" la megacausa por asociación ilícita que tramita Julián Ercolini, el mismo que decidió meter preso al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Lo ponen de manifiesto el fiscal Marijuan y el juez Casanello, quienes ahora trabajan en armonía para llegar hasta el fondo en el expediente de la ruta del dinero. Lo evidencia el estado de desesperación de Jorge Chueco, alma gemela de Daniel Pérez Gadín en el entramado de negocios sucios de Lázaro Báez.

Esto recién empieza y no terminará aquí el juez Claudio Bonadio, que desoye tanto las presiones y las amenazas de la propia Cristina como las sugerencias de algunos hombres de Cambiemos de posponer la indagatoria de la ex jefa del Estado por la causa de la venta del dólar futuro, para "no enrarecer más el clima". De hecho, el propio Bonadio no pudo terminar lo que empezó en el juicio por Hotesur, expediente que todavía se encuentra en el limbo por la inacción de su colega Daniel Rafecas. Bonadio considera que cualquier juez que se haga cargo de la causa no podrá evitar, a menos que esté dispuesto a soportar un juicio político, dictaminar la existencia del delito de lavado de dinero. Tampoco nadie descarta que en los próximos días el mismo magistrado dicte el procesamiento de la ex presidenta, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli. Y a todo esto hay que sumar el celo y la honestidad intelectual con el que la diputada Margarita Stolbizer y su asesora Silvina Martínez siguen todas las denuncias contra la ex presidenta.

Un intendente del conurbano que pertenece al Frente para la Victoria pero no es incondicional sostiene que "los vecinos están tan enojados con la corrupción como con Macri" por los aumentos de los servicios y del transporte público. Es posible que tenga razón. Que, en efecto, se esté registrando un "doble" descontento. Pero ese registro, en todo caso, hará más difícil que cualquier fiscal o juez tome la decisión de dar un paso atrás sobre lo ya decidido. O de proteger a los hombres del poder, como sucedía antes de diciembre del año pasado. Será un poco a la bartola, pero el mani pulite made in Argentina ya no tiene retorno.

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