Noticia de último momento: los responsables de Lotería Nacional informaron que van a hacer uso de "la prórroga excepcional de 10 días hábiles" que contempla el reglamento de acceso a la información pública para responder a la duda de cómo controla las máquinas tragamonedas de los casinos de Cristóbal López . Lo comunicaron a la producción del programa de televisión que conduzco, hace muy pocas horas, en un texto oficial que tiene la fecha del lunes 7 de abril. Hace casi un mes que intentamos develar uno de los secretos mejor guardados de las operaciones del juego en la Argentina. Pero ni los responsables de Casino Club ni los de Lotería Nacional nos ayudan a resolver el misterio. Los legisladores que acaban de formular una denuncia penal que cayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y cuya instrucción -si lo cree pertinente- debería impulsar el fiscal Guillermo Marijuan, están convencidos de que tanto las tragamonedas del Hipódromo de Palermo como los de los barcos de Puerto Madero no tienen un control adecuado. Sospechan que Lotería no los vigila ni los audita como corresponde.
Con su presentación judicial, Paula Olivetto Lago y Maximiliano Ferraro, diputados por la ciudad de Buenos Aires, acaban de abrir la caja de Pandora. Porque si Marijuan hace lugar a su pedido, tanto la empresa del Estado como Casino Club deberán abrir sus puertas, dar a conocer sus sistemas, comparar la recaudación de las tragamonedas de López con la de las máquinas instaladas en la provincia de Buenos Aires y confirmar si existen o no, además de los controles online de la recaudación, cámaras de video de seguridad que vigilen las salas de juego en tiempo real. Es decir: transformar en una casa de cristal lo que desde hace muchos años permanece en la oscuridad, entre la sospecha y la duda. La misma inquietud me transmitió Mauricio Macri cuando le pregunté por qué la Ciudad no impulsaba una investigación paralela, si después de todo también sería víctima de la presunta defraudación, ya que recibe un porcentaje del producido de las maquinitas. El jefe de gobierno de la Ciudad explicó que estaba cansado de presentar expedientes contra los intereses de Cristóbal López, porque los jueces siempre le terminaban dando la razón al empresario. Le recordé entonces que una diputada de UNEN, Inés Gorbea, había terminado de impulsar, en la Legislatura, un proyecto de ley para que le den al Instituto de Juego de las Ciudad la potestad de "hacer un control online" de las salas de juego de los casinos de Palermo y los barcos. Macri me contestó que ojalá prosperara, pero que descontaba que el gobierno central-es decir, Lotería Nacional- no resignaría el control efectivo, y que la Justicia terminaría por darle la razón a Cristóbal, como venía sucediendo.
¿A qué se podría considerar un control serio y efectivo de la recaudación de las tragamonedas que funcionan en el país? A un sistema en línea de transmisión de datos que vaya desde la maquinita a un centro de cómputos y que pase por una terminal ubicada en la sala de juegos y otra cerca del sistema donde se almacena la información. A la transmisión de datos de la Lotería de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la realiza la Universidad de La Plata. Olivetto y Ferraro, quienes pertenecen a UNEN de la Ciudad, sostienen que se trata de un sistema, en principio, confiable y efectivo.
Carlos González, socio de varios bingos en la Ciudad, afirma que la Lotería del país no audita como debería las salas de juego de Cristóbal López. Por eso, en su momento, pidió a la Justicia que allanase el hipódromo de Palermo y los barcos. González considera que el supuesto trato preferencial que reciben los casinos del máximo responsable del Grupo Indalo terminará fundiendo a los bingos de bollillas y cartón, a los que no les permiten instalar tragamonedas. González no es un denunciante imparcial. Está defendiendo su negocio. Pero los legisladores que presentaron la denuncia ante la justicia federal pretenden que todo el producido del dinero del juego vaya a donde dice la ley. En el caso de Lotería, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el área de gobierno que distribuye más planes sociales.
A pesar de no responder al requerimiento de acceso a la información pública, Lotería Nacional publicó solicitadas en los diarios LA NACION y Perfil el domingo. ¿Para qué gastar miles de pesos? ¿No hubiera sido más sencillo y más barato responder a las preguntas del periodismo? La solicitada está llena de frases rimbombantes como transparencia, eficiencia y control de calidad. Entre una y otra frase vacía, sobresale un dato digno de analizar: los responsables de Lotería reconocieron que la empresa que se encarga de la transmisión de datos es International Game Technology (IGT), la misma que vende y concesiona las máquinas tragamonedas de Cristóbal López en las salas de juego de Casino Club. En la causa que ingresó el jueves pasado al Juzgado Federal N° 6, Olivetto Lagos y Ferraro piden que se investigue a todo el directorio de Lotería por la presunta violación de los deberes de funcionario público, posible evasión tributaria agravada y eventual fraude a la administración pública.
El presidente de Lotería es Roberto Armando López. Ocupa el estratégico cargo desde el 25 de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación. Este López participó, junto con Lázaro Báez, del proceso de liquidación del Banco de Santa Cruz, en los años 90, que fue liquidado antes de ser privatizado. Su pasivo fue calculado entre 150 y 200 millones de dólares. El principal motivo de la pérdida fue el festival de créditos que otorgaron sin el debido respaldo y que no fueron devueltos por quienes lo tomaron. La deuda fue asumida por el Estado provincial, cuyo responsable era el mismo Kirchner. Fue también el ex presidente quien, tres días antes de terminar su mandato, firmó el polémico decreto que le concedió a Cristóbal López una prórroga para explotar las tragamonedas de Palermo hasta 2032. Los lectores se preguntarán por qué la mayoría de las investigaciones periodísticas no terminan en nada; una razón es que el resto de los actores no hace lo que debería hacer. Una vez más, la Justicia debería determinar si, en efecto, el control no es el adecuado; luego, debería proceder en consecuencia. Más tarde, debería condenar, si corresponde, a los funcionarios que no cumplieron con su deber. Y, al final, debería restablecerse una auditoría efectiva y transparente. No es tan complicado. Sólo hace falta voluntad política, preparación técnica y un poco de coraje.
Publicado en La Nación