Si Oyarbide se decide a hablar, el gobierno temblará. Si el juez acaba por prender el ventilador, incluso la honestidad personal de la Presidenta se pondrá, como nunca, en tela de juicio. Esto es lo que piensan Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo, y uno de sus hombres más cercanos, Eduardo Wado de Pedro. Intimo de la Presidenta, flamante miembro del Consejo de la Magistratura, De Pedro pelea, ahora mismo, a brazo partido, para evitar que el frívolo y escandaloso juez federal sea sometido a juicio político. Porque un juicio político contra Norberto Oyarbide no solo podría voltear al Carlos Zannini, el hombre más poderoso del gobierno después de Cristina, jefe directo de Carlos Liuzzi, quien llamó al juez para pedirle que detuviera de inmediato un allanamiento contra la financiera de un amigo al que le estaban pidiendo una coima. También podría determinar la reapertura de uno de los hechos de impunidad más graves de los últimos diez años: el sobreseimiento en tiempo récord de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, denunciados por enriquecimiento ilícito entre 2007 y 2008, cuando el patrimonio de ambos aumentó 158 por ciento en apenas un año. Sobre la reapertura efectiva del expediente por enriquecimiento indebido, la biblioteca de juristas está dividida. Unos suponen que la muerte del expresidente y el paso del tiempo harían imposible una nueva investigación. Otros sostienen que las extrañas características del hecho podrían ameritar el inicio de una nueva causa, y la eventual condena a los responsables. En todo caso, eso dependerá de si se le inicia o no un juicio político al inefable juez que usó, durante mucho tiempo, un anillo de oro valuado en 250 mil dólares. Y si, en efecto, el juicio político se impulsara, los consejeros también podrían revelar la trama de sus fallos más sospechados, y las presiones para dictarlos. No sería algo extraordinario. Un sólo antecedente, pero de mucho peso, avala la preocupante alternativa. Se trata de la reapertura del juicio por encubrimiento de la investigación del atentado contra la AMIA. La decisión de reabrir la causa AMIA, en su momento, se fundamentó en la polémica actuación del entonces juez federal, Juan José Galeano. Y la Cámara Federal no sólo se abocó a investigar la conducta de Galeano. También intentó juzgar la responsabilidad de los funcionarios del gobierno de Carlos Menem, incluido el expresidente, por haber alentado el encubrimiento. Es este pánico, y ninguna otra la razón, lo que determinó que la propia Presidenta bajara hasta el despacho de Zannini, lo encarara en la antesala, de pie, y lo increpara con dureza. Ella sabe que Oyarbide es un mono con navaja. Tiene miedo de que la reapertura de la investigación por su enriquecimiento súbito vuelva a aparecer en la tapa de los diarios. Porque si los detalles del juicio ya eran considerados escandalosos en la época que se dictó el veloz sobreseimiento, entre la navidad de 2009 y el año nuevo de 2010 ¿cómo podrían impactar en la sociedad ahora, con semejante malhumor social y cuando la Presidenta cosecha récord de imagen negativa y no tiene ninguna posibilidad de competir para un nuevo mandato? Me tomé el trabajo de “desarmar” el expediente completo, analizarlo con lujo de detalles y publicar las conclusiones en el libro El y Ella (junio de 2011, Editorial Planeta). Lo hice con la ayuda de expertos como Manuel Garrido, ex fiscal General de Investigaciones Administrativas (FIA). Garrido fue el primero en alertar que la declaración jurada de bienes del matrimonio estaba “muy floja de papeles”. Fue el mismo que denunció al exprocurador General de la Nación, Esteban Righi, de presionar a los fiscales para evitar que siguieran investigando y mantuvieran “viva la causa”. El mismo que pidió el juicio político al fiscal Eduardo Taiano, por no apelar, como era su obligación, ante el evidente desastre procesal que constituyó el sobreseimiento en tiempo récord de los imputados por parte de Oyarbide. Pero la actuación del juez fue, de verdad, impresentable. Podría ser elegida para clase magistral de Derecho o Ciencias Económicas, con el título “Todo lo que no debe hacer un magistrado cuando investiga una causa por enriquecimiento ilícito”. Oyarbide aceptó al contador de los imputados como perito de parte. Dio por cierto lo que el contador declaró sin pedirle documentación respaldatoria. Interpretó que las conclusiones de los peritos contables de la Corte habían dado a entender que el incremento patrimonial del expresidente y la Jefa de Estado estaba justificado, cuando en realidad lo pusieron en duda. Oyarbide se las arregló para evitar que se conocieran las denuncias de irregularidades en la declaración jurada de Néstor y Cristina que presentaron, antes del cierre de la causa, los auditores contables de la FIA, Eduardo Blanco y Roberto Riveros. Blanco y Riveros encontraron más de 20 inconsistencias y contradicciones por un monto superior a 25 millones de pesos. Es decir: concluyeron que más de la mitad del patrimonio de 48 millones de pesos que declararon El y Ella no tenía justificación alguna. A Blanco y Riveros, poco después de la sentencia, los “mudaron” desde sus oficinas de la FIA a un “sucucho”, en Comodoro Py. Les sacaron las causas calientes y los exiliaron y hacinaron, igual que están haciendo con los ayudantes del fiscal José María Campagnoli. A Oyarbide, quien cerró la causa en menos de 5 meses, el gobierno lo venía protegiendo, contra viento y marea, hasta que el segundo de Zannini, como si fuera el diablo, metió la cola. El allanamiento de “la cueva” por orden de Oyarbide y los policías que trabajaban para él ocurrió el año pasado. Pero la novedad estalló hace pocos días. Por eso, si el juez habla, el gobierno temblará.

Publicado en El Cronista